La Presidenta Bachelet anunció la reforma pensionaria. Es posible que no sea aprobada, pero la propuesta en sí amerita atención de todos los países de la región.
Esencialmente, busca elevar las cotizaciones obligatorias y crear un organismo público para administrar ese dinero. No satisface al movimiento que pugna por la desaparición de las Administradoras de Fondos de Pensiones, pero también es un mensaje claro a estas últimas de que su desempeño ha sido menos que satisfactorio.
Las reformas pensionarias latinoamericanas tuvieron un gran éxito en generar los flujos de dinero y el ahorro que los viejos sistemas de reparto no lograron. Elevaron la transparencia de la seguridad social y mejoraron radicalmente la calidad de la información disponible al trabajador, así como sus posibilidades de integrarse al sistema financiero.
Pero la regulación ha hecho muy difícil la entrada de competidores, y los gobiernos no ven sentido en emplear a un tercero para administrar su deuda pública.
Lo que propone Bachelet quiere conservar las ventajas de transparencia y responsabilidad, pero bajar el costo para el Estado de manejar la deuda previsional. En mi opinión, la mejor opción es introducir competencia en el mercado de administración de fondos, pero para ello hay que luchas contra las propias instituciones del Estado que en realidad están cómodamente sentadas sin hacer su trabajo de regulación.
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