Venezuela: ¿China decide?

Los resultados de la Asamblea General de la OEA son poco favorables para quienes deseaban una condena de todos los gobiernos de la región al gobierno de Venezuela.

Los gobiernos en crisis suelen no responder a presiones externas si sienten que internamente pueden mantenerse, lo que incluye generar efectivo para su operación. Lo vimos en México en 76, 81, 94; lo vimos en Argentina con los Kirchner; el de Cuba ha llevado este "arte" a su máxima expresión: no importan los costos para la población mientras el gobierno se pueda sostener. Podríamos añadir en decenas de casos la lista de grupos políticos que depredan la riqueza pública a gran escala para fines de grupos políticos específicos. 

Según algunos expertos de energía, para Venezuela el punto crítico ahora es el crédito de China. El precio del petróleo sigue sin levantar, pero PDVSA (el Pemex de Venezuela) puede seguir hipotecando sus petróleo si China se lo permite. Además, parece que Rusia también le está dando crédito a Venezuela. Esto es indirectamente crédito a Cuba y otros países del Caribe, lo que aparentemente no tomaron en cuenta los promotores de la iniciativa anti-Venezuela.

En este escenario, una pregunta es qué tan mal lo puede hacer el gobierno de Maduro con su industria petrolera. En la gráfica vemos que el gobierno de Hugo Chávez logró perder un millón de barriles diarios de producción (en un cálculo atrás del sobre, unos 15 o 20 mil millones de dólares al año). Pemex tomó esa holgura del mercado los primeros años del régimen de Chávez, pero ahora también tiene sus propios problemas de producción.

Nadie sabe en cuánto China y Rusia desean financiar al régimen de Venezuela, o si PDVSA puede mantener su producción e incluso aumentarla. Si es cierto que la liquidez del gobierno depende críticamente de estos factores, su futuro puede depender de aquellos otros gobiernos.

  

¿Sirven los exámenes preventivos de salud?

Este artículo de Toshiaki Iizuka,  Katsuhiko Nishiyama, Brian Chen y Karen Eggleston analiza el efecto de exámenes de diagnóstico preventivo en salud. El resultado no es muy favorable. El tema es muy importante, porque las políticas de salud de los últimos años promueven el uso de estos mecanismos, que aplicados en forma masiva son sumamente costosos.

La primera gráfica dice que cuando una prueba de un diagnóstico señala a un mayor riesgo de daño, hay un cambio claro en el uso de servicios médicos (este ejemplo es con medición de glucosa en la sangre).

Sin embargo, los resultados intermedios y finales de salud  no se ven afectados. Es decir, el diagnóstico no lleva a mejoras en, por ejemplo, índice de masa corporal o incidencia de complicaciones por diabetes.

Cabe anotar que este estudio no dice que una mayor medición de riesgo no se asocie a peores resultados (por ejemplo, más glucosa en la sangre sí se asocia a mayores complicaciones por diabetes). Lo que dice es que los exámenes generan mayor demanda por servicios de salud y que ese mayor uso de servicios no mejora los resultados finales. 

Reforma a propiedad minera en Sudáfrica

Sudáfrica adoptó nueva legislación minera para incrementar la participación de propiedad negra en las corporaciones (de 26 a 30%), y un dividendo de 1% pagable a las comunidades, así como otras regulaciones asociadas al BEE (Black Economic Empowerment).

Ciertamente, la historia de aquel país es diferente a la de América Latina, y no esperamos legislaciones basadas en criterios raciales en la región. Sin embargo, es un hecho que existe la opinión en algunas comunidades y ambientes políticos de que la inversión extranjera en minería puede estar generando situaciones de posible conflicto. Independientemente de la percepción de cada quien y de cada empresa en este tema, lo mejor para todos es trabajar de antemano en reducir los problemas percibidos.

El sistema anticorrupción

Este es un resumen de la nueva legislación anticorrupción en Francia.

En mi opinión la nueva legislación mexicana va tener muchos problemas y será ineficaz. Este documento de Ethos tiene los elementos para prever las dificultades del sistema: se trata netamente de crear agencias burocráticas, fuera del ámbito judicial y sin generar incentivos a que las empresas vean costos de corromper funcionarios, y de funcionarios de alto nivel para apoyar al sistema. Los reportes señalan a que el sistema es totalmente dependiente del Ejecutivo y en particular de la Secretaría de Hacienda, que en buena medida lo que está haciendo es hacer la misma sopa cambiando la etiqueta de los ingredientes.

Dormir con el celular

Esta gráfica es del reporte de Deloitte 2017 sobre telecom en Estados Unidos.

Más de 40% de la población ve al teléfono durante los primeros cinco minutos de su día, y la tercera parte lo revisa durante los cinco antes de dormirse.

Para México he visto estimaciones de cerca de 90 millones de "suscriptores únicos", y de estos, unas unas dos terceras partes tienen servicio de internet (aunque la frontera de voz y datos se ha borrado tecnológicamente, hay barreras tarifarias). Las cifras de usuarios que se despiertan y acuestan viendo al celular seguramente son más bajas que en Estados Unidos, pero la brecha se va a cerrar en los próximos 4 o 5 años.

Cambios propuestos en Chile a pensiones

La Presidenta Bachelet anunció la reforma pensionaria. Es posible que no sea aprobada, pero la propuesta en sí amerita atención de todos los países de la región.

Esencialmente, busca elevar las cotizaciones obligatorias y crear un organismo público para administrar ese dinero. No satisface al movimiento que pugna por la desaparición de las Administradoras de Fondos de Pensiones, pero también es un mensaje claro a estas últimas de que su desempeño ha sido menos que satisfactorio.

Las reformas pensionarias latinoamericanas tuvieron un gran éxito en generar los flujos de dinero y el ahorro que los viejos sistemas de reparto no lograron. Elevaron la transparencia de la seguridad social y mejoraron radicalmente la calidad de la información disponible al trabajador, así como sus posibilidades de integrarse al sistema financiero.

Pero la regulación ha hecho muy difícil la entrada de competidores, y los gobiernos no ven sentido en emplear a un tercero para administrar su deuda pública.

Lo que propone Bachelet quiere conservar las ventajas de transparencia y responsabilidad, pero bajar el costo para el Estado de manejar la deuda previsional. En mi opinión, la mejor opción es introducir competencia en el mercado de administración de fondos, pero para ello hay que luchas contra las propias instituciones del Estado que en realidad están cómodamente sentadas sin hacer su trabajo de regulación.